Tercer Informe sobre Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las Américas

El 21 de mayo, se llevó a cabo la charla ‘Obligaciones estatales y derechos de las mujeres: estándares internacionales e indicadores para garantizar una vida libre de violencias’ a cargo de Luz Patricia Mejía, Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI-OEA); Víctor Abramovich, Profesor titular UBA/UNLA y Laura Pautassi, CONICET-UBA en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La convocatoria se centró en presentar los resultados de la ‘Tercera Ronda de Evaluación Multilateral sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará por parte de los Estados y la prevención de la violencia contra las mujeres en las Américas: caminos por recorrer’. La misma estuvo a cargo de Luz Patricia Mejía quien explicó cuáles son los objetivos del informe que muestran las experiencias, logros y desafíos de los Estados en la tarea de hacer realidad una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas en la región. Como así también, visibilizar la importancia de la prevención en el camino hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres. El informe presenta el estado de avance de 24 países de Latinoamérica y El Caribe ante el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas al ratificar la Convención de Belém do Pará. Según establece la mencionada Convención, la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Según detalló Mejía el informe invita a los Estados a diseñar estrategias de prevención y erradicación de manera integral. La ronda de Evaluación Multilateral implicó dos fases: la primera, la Fase de Evaluación y la segunda, la Fase de Seguimiento de Recomendaciones. La medición tuvo en consideración: la adopción de marcos normativos, la transformación de la estructura del Estado para eliminar los esquemas administrativos y jurídicos basados en el género y la discriminación contra las mujeres; los esfuerzos que lleva a cabo el Estado para capacitar y formar en materia de los derechos de las mujeres a los actores del Estado y la Sociedad Civil; la asignación de recursos financieros suficientes para la materialización de los planes y programas; junto a otros aspectos. Leyes De los 35 Estados, participaron 24 (75%), en tanto que a la hora de responder sobre los Indicadores, el 30.84% afirmó que tiene alguna disposición legislativa tendiente a erradicar conductas basadas en la subordinación o inferioridad de la mujer. A la vez que existe un reconocimiento formal de los derechos previstos en la Convención, pero “se evidencian dificultades para vincular leyes con políticas públicas, planes y programas dirigidos a prevenir y erradicar conductas discriminatorias basadas en la subordinación o inferioridad de las mujeres”, aseguró Mejía. Relató además que sólo 14 Estados respondieron al indicador referido a leyes o políticas nacionales para la prevención de la discriminación contra las mujeres.  Además, la mayoría de ellos cuenta con más de un mecanismo legal o política pública, que contribuye a la erradicación de conductas basadas en la subordinación de las mujeres. Sobre leyes de atención de la diversidad en las mujeres sólo Colombia, México, Perú y Bolivia cuentan con legislación especial sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que incluye el tema de la diversidad étnica. En tanto 12 Estados informaron que cuentan con leyes o políticas en materia de mujeres con discapacidad física o psicosocial para garantizar su derecho a una vida libre de violencia, mientras que 8 Estados informaron tener leyes de salud mental dirigidas a la protección de las mujeres. Es dable considerar las respuestas que se desprenden de la temática referida al Módulo de Planes Sociales, donde el 59.65% no respondió a ésta sección, en tanto que el 35.31% informó que cumple con estos aspectos, mientras qeu el 1.75% lo cumple parcialmente y el 1.23% no lo cumple. Estereotipos y educación En lo concerniente a políticas para eliminar estereotipos de género en la educación: sólo 11 de los 24 Estados participantes presentaron información sobre la erradicación de los estereotipos de género en la educación, los planes nacionales de igualdad, equidad de género y derechos humanos y la introducción de reformas o instrumentos legales en el marco normativo que rige los procesos de educación. Los datos reflejan que el 45.83% lo cumple, mientras que el 41.67% no respondió este ítem, en tanto no cumplen con este plan el 8.33% y sólo el 4.17 lo cumple parcialmente. Otro índice que se refleja en el informe tiene que ver con que el 70.83% no respondió a la consulta referida a los programas de educación en materia de derechos humanos que incorporen la dimensión de género en todos los niveles de la enseñanza en tanto sólo el 25% lo cumple. Respecto al seguimiento y monitoreo a las políticas públicas y planes nacionales, sólo 8 países de la región dieron información para dar cuenta de este indicador, representando un 28.4% de respuesta en la región (58.33% no respondió, 16.67% cumple parcialmente, 4.17% no cumple). Acceso a la justicia Dijo Mejía que el módulo de acceso a la justicia “es el nivel más alto de no respuesta de los indicadores de la 3ra ronda”, con sólo 32.85 del total de ítems consultados. Asevero que “fue escasa y poco relevante la información sobre la existencia de investigaciones del impacto de los estereotipos de género en la investigación judicial y en el juzgamiento”. El número del funcionariado reportado para la atención a los casos es insuficiente respecto al número de denuncias recibidas y el número de mujeres que señalan haber sido víctimas de violencia. A la hora de ver cuál es la asignación presupuestaria del gasto público para combatir la violencia contra las mujeres, los datos son reveladores ya que los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos totales a los programas y planes de lucha contra la violencia de género. El país con mayor asignación es Ecuador (0.910%) y el menor es Argentina con el 0.004%. Presupuestos Mientras que en lo referente a la Asignación presupuestaria al Mecanismo Nacional de Protección de los Derechos de la Mujer, el país que aparece primero en la lista es Antigua y Barbuda, 4.66% y el último Colombia, 0.0001%. Mientras que Argentina, Bolivia, Suriname, Grenada y Chile no dieron información sobre el Mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la Convención Belem do Pará. A la hora de los considerandos sobre las recomendaciones desde Mesecvi se informó que los  Planes Nacionales deben emitir y aprobar directivas o normas para la implementación de políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres, estableciendo e informando sobre sus alcances, objetivos y metas, además de sensibilizar a las autoridades educativas y docentes a fin de llevar a cabo revisiones curriculares para eliminar los estereotipos de género y ser educados y educadas en un ambiente libre de violencia. Respecto al acceso a la justicia, consideran que: modernizar, automatizar y fomentar el ejercicio expedito de la administración de justicia, facilitando los mecanismos para el acceso a la justicia, la agilización de los procedimientos y la efectiva respuesta en aras de disminuir los niveles de impunidad que existen en la región son necesarias, como así también integrar la Convención de Belém do Pará y su desarrollo doctrinal en las sentencias y resoluciones del sistema judicial de cada uno de los Estados Parte, en todas las ramas judiciales, especialmente en aquellas tradicionalmente discriminatorias para las mujeres. Desde Mesecvi se recomienda, dijo Mejía, que “es necesario contar con información estadística ya que es relevante dado que institucionalizar sistemas de recolección y producción de información estadística suficiente y de calidad sobre la violencia contra las mujeres, periódica y de acceso público”. Además de recolectar datos sobre denuncias y sentencias de femicidio en los Estados Parte y realizar estudios que analicen la respuesta estatal que garantice el efectivo acceso a la justicia de las víctimas y familiares ante estos casos. Por último, la Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará se refirió al ítem del Presupuesto nacional y consideró que es importante que los Estados destinen “presupuestos significativos de manera que permitan llevar a cabo campañas, acciones y programas nacionales masivos para la prevención de la violencia contra las mujeres, a fin de dar cumplimiento a la obligación de debida diligencia para garantizar la vida libre de violencia”. Descargar informe completo