8 de Marzo: LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEBE SER PRIORIDAD POLÍTICA

La reiteración de femicidios conmueve a nuestro país y obliga a repensar las herramientas existentes y diseñar aquellas que resulten necesarias para prevenirlos. Un petitorio entregado al Presidente de la Nación por miles de militantes feministas vuelve a enlistar aquellas demandas para la reforma del Poder Judicial, la capacitación obligatoria en la temática de género, el sistema de alertas tempranas y la articulación entre los Centros de Atención, la Justicia, las Fuerzas de Seguridad, entre otras.

Todo ello en líneas generales fue incluido por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades en el Plan Nacional para el cumplimiento de la ley 26485 debatido en Foros Participativos a lo largo y ancho del país en el 2020.

En ciudad de Buenos Aires, desde el Programa de Atención de niñez, adolescencia y género de la Defensoría del Pueblo se han presentado en la Legislatura porteña distintos proyectos vinculados a la necesidad de fortalecer el sistema de protección y atención en violencia de genero de la Dirección General de la Mujer. También impulsamos la jerarquización del área a partir de la creación de un Ministerio que aborde la temática, con mayores recursos presupuestarios y humanos.

Si bien en materia de femicidios la Ciudad de Buenos Aires presenta uno de los índices más bajos del país, la cantidad de delitos contra la integridad sexual, lesiones y diversas violencias denunciadas habla de su gravedad. Múltiples son los dispositivos de atención. Sin embargo, el malestar y las asignaturas pendientes son todavía un reclamo para debatir y reparar. En particulares preciso revisar la atención en los Centros Integrales de la Mujer, los CIM, los cuales tienen competencia para el patrocinio jurídico gratuito, la contención psicológica y social de las victimas de violencia. Después de efectuar los monitoreos y el seguimiento de la atención de numerosas mujeres vemos que es preciso reformular y avanzar en otras funciones y modos de intervención de mayor eficacia.

Los patrocinios existentes son insuficientes (una o dos abogadas para toda una comuna, por ejemplo) y fragmentados pues solamente atienden las denuncias de violencia Consideramos que deben abarcar también todas las cuestiones civiles que fueren necesarias, la temática de alimentos, divorcio y otras necesidades conexas. Deberían abordar también el patrocinio penal, a fin de instar a las fiscalías y juzgados intervinientes a la prosecución de las causas. Estos patrocinios jurídicos integrales deben tener las competencias suficientes para acompañar y representar a las mujeres en todo el proceso y en todas las situaciones civiles y penales que necesite, hasta el final de las mismas.

Por otro lado, es preciso que exista la figura de operadoras sociales altamente capacitadas en género, que acompañen a las victimas en la llamada “ruta crítica” de las denuncias por violencia de genero. Son múltiples las consultas, las dudas, las dificultades burocráticas que deben enfrentar las victimas por ejemplo en la adjudicación y aplicación de los botones antipánico. Todo ello debería poder resolverse con la tarea comprometida y cotidiana de un equipo – abogada y promotora social - que asesore e intervenga en cada paso.

Lo sucedido en Rojas Provincia de Buenos Aires es ejemplo de las peores practicas a cargo de un Estado que tanto en lo que hace a la fuerza de seguridad, como en el ámbito Judicial violento e incumplió con todos sus deberes.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde las políticas con perspectiva de género existen con particular importancia por hace décadas, hay un retroceso marcado del presupuesto destinado a los programas históricos, una gradual burocratización y vaciamiento de los servicios con limitaciones horarias de la atención resultante de la pandemia, que no se condicen con la emergencia en violencia de genero que estamos transitando.

Cada año, numerosos proyectos legislativos quedan relegados o en archivo por decisión de la mayoría oficial. Resulta imprescindible en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, avanzar en la ampliación y articulación de programas, fortalecer las políticas públicas para la atención de las victimas de violencia de genero y contribuir desde la capacitación permanente hacia la comunidad en una cultura para la igualdad y la prevención de todas las formas de violencias.

Maria Elena Naddeo co-presidenta de APDH y titular del área de Niñez., Adolescencia y Genero de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bs.As.