El género en las prácticas parlamentarias

El relevamiento de "Buenas Prácticas Parlamentarias con Perspectiva de Género” del Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria, dependiente de la Dirección General de Igualdad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) busca dar a conocer las políticas que llevan adelante las legislaturas provinciales respecto a la incorporación de la perspectiva de género mediante un análisis de las estructuras tanto parlamentarias como administrativas y las buenas prácticas que se desarrollan en los poderes legislativos. Esta indagación intenta poner en valor las acciones llevadas adelante en las legislaturas para que puedan ser compartidas por el resto de los poderes legislativos de nuestro país, siendo un material de actualización periódica y permanente.

Resumen ejecutivo

“Del análisis realizado, consideramos oportuno destacar que todas las legislaturas tienen mecanismos de acceso de mujeres al Poder Legislativo. En la gran mayoría, se cuenta con leyes de paridad, algunas con varios años de vigencia y muchas otras de reciente sanción e implementación o que aún no se han visto aplicadas en la práctica por haber sido sancionadas posteriormente a la última elección. Excepto los casos de Corrientes, Tierra del Fuego y Tucumán, en los cuales la cuota es del 30%, en el resto de las provincias se cuenta con leyes de paridad. No existen cuotas de otro tipo, aunque hay jurisdicciones que prevén la participación de pueblos originarios en determinados contextos.

En varias legislaturas existen parlamentos de mujeres o similares, con reglamentaciones y períodos de reuniones disímiles. Se observan instancias de este tipo en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, La Rioja, Misiones, Neuquén, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto a la estructura parlamentaria de las legislaturas, la mayoría de estas cuentan con comisiones especializadas o de jurisdicción no específica en la materia pero que entre sus funciones tienen el abordaje de la legislación sobre temáticas de género, mujeres y LGTBIQ+. En algunas legislaturas no existen comisiones que tengan entre sus funciones el abordaje de estas temáticas pero los proyectos son tratados por comisiones con competencias más generales. Al analizar las unidades técnicas para transversalizar la perspectiva de género de las legislaturas, se observa que, por el momento, unas pocas cuentan con un área específica al respecto.

En varios poderes legislativos existen políticas de inserción laboral para personas travesti-trans, con diferentes características y requisitos. Observamos programas al respecto en Buenos Aires, Chaco, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. No encontramos mecanismos de acceso a la representación política que pongan en el centro la diversidad de personas que componen las sociedades de cada provincia.

Considerando las buenas prácticas de cuidados que permiten la articulación entre el ámbito laboral remunerado y la vida doméstica, en todas las legislaturas se cuentan con normativas al respecto. En algunos casos se puede destacar una mayor extensión en las políticas llevadas a cabo; en muchas se cuenta con espacios de lactancia, en algunas provincias como Mendoza y Misiones existe un subsidio para “guardería” o “jardín maternal” y en Catamarca y Neuquén existen jardines infantiles dentro de las instalaciones. En otras legislaturas se ha establecido, por vía reglamentaria, licencias por nacimiento o maternidad para las personas legisladoras, con especificaciones propias en cada caso. Se observan en Ciudad de Buenos Aires, La Rioja y Santa Fe.

Desde el punto de vista de las prácticas relacionadas con el abordaje y prevención de situaciones de violencia por motivos de género, en general, y de violencia laboral y violencia política, en particular, se observa que Buenos Aires, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe cuentan con leyes específicas al respecto. En los casos de La Rioja y Chaco se cuenta con Protocolos establecidos por Ley. En el Senado de Salta se cuenta con un Protocolo establecido por Resolución de Cámara y Tierra del Fuego tiene un Protocolo para la Administración Pública (establecido por el Poder Ejecutivo, al cual el legislativo adhirió). En la mayoría de las legislaturas la normativa protege a las personas trabajadoras de manera taxativa. Se diferencian los casos de la Ciudad de Buenos Aires, donde no se determinan las personas protegidas; Neuquén, donde tampoco está establecido que sólo se proteja a las personas trabajadoras; San Juan, donde la Ley de Violencia Laboral protege también a las personas funcionarias y San Luis, donde la Ley de Acoso Sexual Laboral y Violencia Laboral también protege a las personas que son funcionarias”.

 

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