Apuntes sobre el lenguaje inclusivo

Apuntes sobre el lenguaje inclusivo

 

Apuntes sobre el lenguaje inclusivo

Ante la resolución del ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires conocida el 10 de junio, este Observatorio expresa su preocupación y hace una serie de apreciaciones al respecto.
El lenguaje inclusivo no se impuso por una norma y tampoco lo puede eliminar otra. El lenguaje inclusivo es producto de una lucha política, la de los feminismos y el colectivo LGTBIQ+. El objetivo más que cambiar la gramática es darle visibilidad a los problemas de desigualdad de género que atraviesan nuestra sociedad: desde la invisibilización de las mujeres y diversidades en el lenguaje, hasta los femicidios, travesticidios y crímenes de odio, pasando por señalar todas las desigualdades en los ámbitos laborales, políticos y sociales.
Como el uso del lenguaje inclusivo tiene que ver con una lucha política, prohibir la e, el *, el arroba y cualquier otra forma de expresión del lenguaje inclusivo -que no se limita solo al uso de éstos- es persecución política, y es coartar la libertad de expresión. Así como no se puede obligar a usarlo, nadie debería prohibir el lenguaje inclusivo ni ninguna otra forma de expresión. Tampoco se debería censurar a textos valiosos porque impliquen el uso del lenguaje inclusivo.
Vale la pena recordar que el origen del uso del lenguaje inclusivo está vinculado con las luchas que se dieron en los movimientos feministas por la visibilización de las mujeres en el lenguaje, en contra de este uso del masculino genérico como inclusivo para todos y todas. Y que desde el 2015, con el impulso del movimiento #Niunamenos se instaló con fuerza a partir del uso de la e que básicamente permite visibilizar las diversidades sexuales y un uso de las personas que responda a cómo se sienten de acuerdo a sus identidades, es decir darles lugar a las identidades autopercibidas, las no binarias. Es decir, el lenguaje inclusivo es una vía de visibilización de géneros e identidades históricamente silenciadas.
Por otro lado, hay normas de orden superior a una resolución ministerial que la contradicen. En relación a las personas no binarias y de identidades diversas no solo la Ley de Identidad de Género sino también el Decreto del DNI no Binario. Recordemos que la Ley 26.743 en su Art. 1 inc. a) expresa que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género” y en el inc. c) “a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad…”. Pero más allá de esta ley, el marco legal más amplio incluye la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 38 “incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus políticas públicas y elabora participativamente un plan de igualdad entre varones y mujeres. Estimula la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros; promueve que las responsabilidades familiares sean compartidas”. Así como la Ley 26.485 que establece en su art. 2 inc. a) “promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre varones y mujeres en todos los órdenes de la vida”. Asimismo, en su art. 7 dispone que “los tres poderes del Estado sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores: h) todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.
Por otro lado, los organismos internacionales se han expresado en numerosas oportunidades a favor de un lenguaje inclusivo y no sexista. Ejemplo de ello son la Resolución 109 y la Resolución 14.1 de la Unesco que recomiendan promover la utilización de lenguaje no sexista por los Estados miembros, y en su apartado 1) aconsejan evitar el empleo de términos que se refieren a un solo sexo, exceptuando que se trate de medidas positivas a favor de la mujer.

Res 2022-2566.click aqui